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Tierra del Fuego se sumó al rechazo del “Síndrome de alienación parental”

La Ministra de Desarrollo Humano firmó el comunicado el pronunciamiento que se conoció después de que este síndrome desestimado por la OMS y el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, fuera tratado en medios nacionales, como una “realidad en aumento por la cuarentena”.

La Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) y 85 referentes en temas de infancia, entre los que se encuentra el Ministerio de Desarrollo Humano, alertaron sobre la gravedad del término argumentando que “su aplicación produce severas afectaciones en los derechos de niños, niñas y adolescentes”.

Al respecto la Ministra Verónica González expresó que “este acompañamiento es por la necesidad de garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser escuchados y porque esta lógica ni siquiera tendría rigor científico”.

El documento sostiene que “el llamado Síndrome de Alienación Parental (S.A.P.) -que se difundió en algunos medios recientemente- es una falacia carente de rigor científico a la que se recurre para limitar, obturar o deslegitimar el avance en la protección de derechos de niños y niñas víctimas que se describe más arriba. Generalmente invocan el S.A.P., en especial en ámbitos judiciales, varones adultos acusados de violencias graves y/o abusos sexuales en perjuicio de sus hijos o hijas menores de edad.”

Continúa explicando que “Mediante el falso síndrome se pretende colocar un manto de sospecha sobre los dichos de niños o niñas que declaran ser víctimas de violencias, alegando falsamente que los mismos no hacen más que repetir discursos inculcados por otra persona adulta –generalmente la madre- que le habría “metido en la cabeza” que tiene que acusar falsamente al otro adulto. Desde este argumento, todos, o la inmensa mayoría, de las niñas y niños actuarían manipulados/as y todas, o la inmensa mayoría, de las mamás serían manipuladoras inescrupulosas”.

En ese sentido, el comunicado remarca que “ningún organismo especializado, ni a nivel local ni a nivel internacional, reconoce valor científico al S.A.P. y muchas asociaciones profesionales –la Federación de Psicólogos de la República Argentina o el Colegio de Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo- así como especialistas y referentes del campo de las infancias, han denunciado las graves violaciones a los derechos de niños y niñas que conllevan las decisiones administrativas y judiciales que se inspiran en el citado “Síndrome”.

Advierte además que “cuando el SAP inspira las pericias técnicas o las decisiones de las y los funcionarios o jueces se violenta ostensiblemente el derecho de chicos y chicas a ser escuchados, como lo prescriben la Convención y la Ley N°26.061, se los estigmatiza como “fabuladores”, y se niega su condición de sujetos de derecho. Pero, además, se los y las priva de medidas de protección contra el abuso y las violencias, se los expone a ser revictimizados/as, y se los fuerza a revinculaciones forzosas. Consecuentemente, además, la recurrencia al SAP amplía las posibilidades de que los autores de graves delitos aseguren su impunidad. Y las madres de esos chicos y chicas son inescrupulosamente demonizadas”.

Es por eso que recalca que “no hay motivo, causa o fundamento para dejar de escuchar atenta y cuidadamente el decir de niños, niñas y adolescentes. No pueden menospreciarse, descalificarse sus expresiones atendiendo a rotulaciones (SAP) que patologizan y que, además, no cuentan con sustento teórico. El S.A.P. -inventado por Richard Gardner- atenta entonces contra los derechos de las infancias, no solo en su descripción conceptual, sino también en el tratamiento que el supuesto síndrome propone”.

Entre las rúbricas se encuentran la de Erika Roffler (jefa de Gabinete del Ministerio de Desarrollo Social), Hernán Monath (Unicef), María Elena Naddeo (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos ), Cecilia Merchán (de las Mujeres, Géneros y Diversidad) y Nora Schulman (CASACIDN).

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